La deuda y los recortes sociales

Desde que en Junio de 2010 el gobierno del PSOE presidido por J.R.Zapatero inició el camino de los recortes en los derechos sociales con el aumento de la edad de jubilación y la bajada del sueldo a los funcionarios, los dos partidos mayoritarios nos han repetido la misma consigna; los ciudadanos vivimos por encima de nuestras posibilidades y nuestro nivel de vida ha de descender para 'salvar el país'(ergo salvar los beneficios de la banca y los especuladores), bien sea por la devaluación del trabajo asalariado, por el recorte en las prestaciones de desempleo y las pensiones, o por la privatización de los servicios públicos.

Bajo el falaz argumento de que las Administraciones Públicas no pueden gastar más de lo que tienen se producen auténticos atentados contra el pueblo, ''no hay dinero'' dicen nuestros gobernantes, como si este hecho fuera algo inevitable, como si nuestro sufrimiento fuera fruto de un designio divino. Nada más lejos de la realidad, el deficit público tiene su origen en decisiones políticas neoliberales que se vienen aplicando desde antes del estallido de la crisis y son culpables de la misma, tales como:

• Vender las empresas públicas que dan beneficios: Endesa, Telefónica, Iberia, Repsol. Eran entidades que suponían una gran fuerte de ingresos públicos, además de un instrumento útil para la intervención pública en la economía en favor de un crecimiento equitativo de la riqueza.
• Bajar los impuestos a los ricos: Los puntos de gravamen a las rentas altas han sido reducidos enormemente en los últimos años, se ha roto con la progresividad fiscal (paga más impuestos el que más tiene) recogida en ese papel mojado llamado Constitución, además, en algunas comunidades se han eliminado impuestos como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid gravaba fundalmentalmente al 2% de las rentas más altas.
• Desrregulación del sistema bancario y financiero: Desde los poderes políticos internacionales se ha eliminado la regulación del sistema financiero global nacida tras la II Guerra Mundial. Actualmente no hay ningún freno para que los especuladores ataquen directamente a la deuda de los estados en su búsqueda de mayores beneficios (manchados de la sangre y del sufrimiento de las mayorías sociales).
• Gestión privada en los servicios públicos: Hemos sido bombardeados con campañas difamatorias contra lo público, nos argumentaban que la gestión pública era ineficiente, que la empresa privada siempre ajusta mejor los gastos. El resultado de esta política es bien conocido en la sanidad madrileña: menos personal y con peores condiciones laborales, equipamientos médicos de mala calidad, comida basura para los enfermos, suciedad, falta de camas disponibles, listas de espera interminables.

Desde Izquierda Unida queremos transmitir un mensaje de esperanza ante este tipo de agresiones procedentes del capital financiero y de sus vasallos del PP y del PSOE. Creemos que la riqueza y el bienestar se generan gracias al esfuerzo de la clase trabajadora, que con su sacrificio y dedicación consiguió que las condiciones de vida en nuestro país mejoraran enormemente en las últimas décadas del siglo XX. No podemos permitir que nos roben lo que nosotras mismas conquistamos, por lo que debemos organizarnos para defender nuestros derechos y un tipo de sociedad más justo, dónde las fortunas de los grandes capitalistas no aumenten siempre a costa de los que menos tienen, de los trabajadores, de las pensionistas, de los parados, de las estudiantes. HAY QUE REVERTIR ESTAS POLÍTICAS PARA QUE NO ACABEN CON TODO, ORGANÍZATE Y LUCHA.

La generación de la incertidumbre

Soy uno más de los que el 7 de Abril del 2011 acudió a la manifestación de la recién creada plataforma Juventud sin Futuro para reivindicar los derechos que desde muy temprana edad nos han prometido desde todas las instituciones socializantes: una vivienda, un curro estable, unos servicios públicos de calidad, un fácil acceso a la cultura en su término más amplio; en definitiva los derechos que hacen que una pueda tener un proyecto de vida propio. En aquella manifestación sentíamos que estábamos en vísperas de algo grande, y efectivamente, fue la chispa que incendió el actual ciclo de movilizaciones emancipatorias, dando lugar un mes después a la gran demostración de poder popular que supuso el 15-M.

Hasta aquel entonces la Tierra era plana, y casi nos creíamos los calificativos despectivos con los que nos trataban los sectores vinculados a la oligarquía dominante del país, que tiene en su poder todos los medios de comunicación de masas. Los ni-nis, las que sólo se mueven por el botellón, la generación del pasotismo y la falta de valores, condenados a un infantilismo permanente e incapaces de valernos por nosotras mismas. Una mentira repetida miles de veces se convierte en una verdad, y la intencionalidad de proyectar esa imagen de la juventud era obvia, pararnos, callarnos, tapar nuestras bocas para que las verdades no saliesen disparadas con la fuerza de aquel que tiene la razón.

Al sistema le sobramos, nos dijeron que estudiando duro y aprendiendo idiomas tendríamos un porvenir asegurado, y una vez que hemos seguido el camino preestablecido nos encontramos con que el final es un callejón sin salida, “dicen FP o carrera pero nada de la mierda que te espera” rimaba el mc por excelencia del Hip-Hop nacional. Callejón sin salida que se traduce en datos escalofriantes, empezando por el 52% de paro juvenil, que deja un 48% restante en el cual la amplia mayoría soportamos trabajos mal remunerados, temporales y que no se corresponden con nuestro nivel de cualificación. A esto se le suma la devaluación de la alternativa por excelencia ante la falta de oportunidades de encontrar un curro, seguir estudiando. Mientras uno continua con sus estudios aplaza el problema de la inserción en el mercado laboral y lo hace adquiriendo conocimientos útiles para el futuro, pero la criminal subida de tasas académicas, especialmente en Universidad pero también en FP, hacen casi imposible que los jóvenes de la clase obrera puedan seguir adelante con su formación.

El elevado desempleo y el cada vez más inaccesible sistema de educación superior dejan tras de sí secuelas no tan fácilmente cuantificables y ocultadas por los medios de comunicación del régimen oligárquico: depresión, falta de autoestima, ansiedad, aumento del consumo de estupefacientes para evadir la realidad; situaciones duras que se pueden ver tanto en tú barrio como el mío. A otras ya no les vemos, porque nos empujan fuera del país,¿quién no tiene una amiga 'x' que se fue a currar de lo suyo a Reino Unido, o un amigo 'y' que se ha ido hace unos días a Berlín y no para de echar currículums en todas las tiendas y restaurantes? Más dramáticos si caben son los casos de chavales que se sumergen más en el pozo de la exclusión social a cada día que pasa, no terminaron los estudios pero en los años del 'boom' económico fueron encontrando trabajos para ir tirando, ahora llevan meses en el paro, ya sin prestación de desempleo, y han dejado incluso de mirar infojobs porque saben que cualquier búsqueda va a ser en balde.

Para nosotras planificar a medio y largo plazo es una quimera, en muchas ocasiones no sabes ni que horario vas a tener la semana que viene; somos las hijas de la incertidumbre. Incertidumbre por saber si te van a renovar el contrato, incertidumbre porque las horas van pasando y todavía no te han llamado de la entrevista de trabajo que hiciste hace unos días, incertidumbre porque dentro de una semana haces la maleta para irte al extranjero y no sabes que te deparará el porvenir una vez allí. Lo que nos toca vivir es jodido y no hay visos de solución para nuestros problemas dentro de una vorágine de cifras macroeconómicas, primas de riesgo, genocidios mercantiles y recomendaciones reaccionarias de la UE pidiendo más ajustes, pero ante este sombrío panorama yo me planteo ¿acaso lo tuvieron fácil quienes nos precedieron? Generaciones anteriores de trabajadores, de gente humilde, han sufrido hambre, guerra, la represión de la dictadura fascista, el atraso social y económico que ha caracterizado a España durante siglos, y sin embargo, a base de esfuerzo, de derramar sangre sudor y lágrimas, han trazado entre la maleza una senda que propició grandes mejoras para las condiciones de vida de las capas populares. El 7 de Abril y 15 de Mayo de 2011, el 14 de Noviembre de este año (día de las gigantescas manifestaciones contra el gobierno al calor de la Huelga General) sentí que estamos comenzando a trazar nuestro propio recorrido, recogiendo el testigo de todos aquellos que dieron su vida por la causa del bienestar de las mayorías.

Amigas, no cabe la resignación, tenemos que avanzar en la construcción del poder popular que nos conduzca al progreso social y a la emancipación como pueblo.

Crisis económica, malestar social, erosión política

Crisis económica, malestar social, erosión política

No hace falta ser un científico social para afirmar que España atraviesa uno de los momentos más complicados de las últimas décadas;  cinco años después del inicio de la crisis económica no sólo no se atisba una salida a la misma, sino que las perspectivas apuntan a que lo peor no ha pasado y la recesión se mantendrá al menos hasta 2013[1]. La situación económica deja un panorama social alarmante, que se traduce en datos como la elevada tasa de desempleo, del 25,1% para la población general y del 53,28% en el caso de la población juvenil. De las más de cinco millones de personas en el paro un 52,2% son parados de larga duración, es decir personas que en su mayoría han agotado su prestación o subsidio de desempleo y se encuentran en una situación alarmante. En muchos casos, las personas en paro cuentan con una red de protección fundamentalmente familiar que les sirve de apoyo para hacer frente a la carencia de ingresos, sin embargo, según los datos de la encuesta de la EPA del segundo trimestre de 2012, el número hogares en los que ninguno de sus miembros obtiene ingresos asciende a 1.737.600, por lo que cada vez son más las personas sin esta red de ayuda.

Estos y otros preocupantes datos se traducen en historias personales de frustración y grandes dificultades económicas, se podrían hacer perfiles típicos que se repiten a lo largo de la geografía española; el obrero de la construcción que quedó en paro y por su edad y obsoleta cualificación ha quedado fuera del mercado laboral, el autónomo que perdió su negocio, la ama de casa que busca empleo porque su marido ha perdido el suyo, la joven licenciada que cada vez ve la inmigración como la única salida para tener un futuro digno, el pensionista que a su escasa retribución ha de restarle el pago de las medicinas del conocido como 'medicamentazo' y las ayudas a sus hijos en paro, los padres jóvenes que no tienen dinero suficiente para comprar el material escolar a sus hijos; podríamos agrandar bastante la lista enumerando situaciones de personas afectadas por la crisis y el descenso del empleo. La crisis económica ha deteriorado la salud de la sociedad española de forma vertiginosa y junto con millones de empleos también se ha llevado consigo el crédito (no excesivamente elevado) con el que contaban la clase política y las instituciones democráticas.

Hace tan sólo cuatro años el panorama social y político era bien distinto, la tasa de paro en el primer trimestre de 2008 fue de un 9,68%[2] (15,42 puntos menos que en la actualidad), mientras que la economía había crecido un 3,8% en 2007[3]. En el terreno político los resultados de las elecciones generales del 9 Marzo de 2008 bien podrían haberse interpretando como un 'fin de la historia' a la española, utilizando el desafortunado término de Fukuyama; las tendencias electorales apuntaban a una progresiva bipartidización de la vida política, ya que el porcentaje de votos obtenido por PP y PSOE en elecciones iba en constante aumento (78,68% en el año 2000, 80,30% en 2004 y un 83,79% en 2008), montado al galope en el  ciclo económico expansivo 1995-2008, en el cual la economía española creció de media un 3% anual. Proyectar ambas tendencias en el futuro conducía a la errónea hipótesis de que la España de la década 2010-2020 sería un país próspero, con un constante aumento de su riqueza y su bienestar social, y un sistema político centrista, con dos grandes partidos turnándose en el poder sin grandes diferencias de fondo; pero los pies de barro de nuestro sistema productivo no pudieron soportar el peso de la crisis mundial agudizada tras la quiebra de Lemman Brothers aquel luctuoso 15 de Septiembre de 2008. En unos años pasamos de jugar en la 'champions league' de la economía a pelear por evitar el descenso en la liga de los PIGS.

La percepción de que la clase política es incapaz de revertir el rumbo de la sociedad económica y los principales problemas del país (el paro, para un 79,3% y los problemas de índole económica para un 49,4% de los entrevistados por el CIS en el barómetro de Septiembre de 2012) han dado lugar a que la propia clase política aparezca entre los principales problemas del país, justo por detrás de los citados, con un 26,9%. En situaciones difíciles se espera que los dirigentes de los principales partidos políticos den respuestas efectivas a los problemas que acucian a la población, sin embargo la percepción ciudadana es que los pasos que se están dando caminan en el sentido contrario. Según el barómetro de clima social del mes de Octubre, publicado en el diario El País[4] un 68% de los entrevistados opinan que los recortes realizados por el gobierno central no están dando resultados ni parece que vayan a darlos en un corto plazo, frente a un 29% que confía en ellos. El malestar general por la forma en que desde las instituciones políticas se afronta la crisis es todavía más patente si tenemos en cuenta que un 91% de la población opina que la crisis la están pagando todos menos los más ricos y los bancos.

El descontento de la población se puede objetivar si se tiene en cuenta que el poder de las oligarquías financieras y económicas ha aumentado en los últimos años, y los políticos subordinados a sus intereses son incapaces de hacer que paguen las consecuencias del desplomamiento del sistema que ellas mismas contribuyeron a crear y de las cuales fueron sus máximas beneficiarias. El sector financiero fue generando una burbuja de riqueza ficticia generada a base de inversiones de alto riesgo y la búsqueda de riqueza a corto plazo, para ello se relegó el tradicional papel de la banca comercial, destinada a satisfacer las necesidades de la economía real, en favor de una arriesgada contabilidad financiera que se alejó paulatinamente de las necesidades del sistema productivo. El grifo de crédito fácil abierto por la banca generó un modelo de crecimiento basado en la acumulación de deuda, una deuda (fundamentalmente privada) que una vez ralentizada la economía resulta imposible de mantener. (Para más información consultar el estudio realizado por la fundación 1º de Mayo sobre la crisis global[5]).

Desde el establishment liberal se lanza el mensaje de que la deuda pública es la causante de la crisis económica, si bien en 2011 esta suponía un 68,5% del PIB, un porcentaje elevado pero lejos del más 200% de la deuda privada[6] (cifras que serían más dispares si tenemos en cuenta la trasferencia de deuda procedente del sector privado al sector público efectuada por medio rescates a la banca por parte del Estado). Los recortes se están efectuando para hacer a la deuda privada sostenible a costa de la reducción de un Estado de Bienestar que ya de por sí era escaso en comparación con el de otros países europeos (mientras que el PIB español llego a suponer un 94% del PIB de la media UE-15, el gasto social solo representaba un 72%[7]). Las recetas de austeridad en el gasto público, aparte de su dudosa eficacia (ya que parten de hipótesis macroeconómicas erróneas) no se combinan con otras posibles medidas que tienen escaso eco en los medios de comunicación; el citado estudio de la Fundación 1º de Mayo señala que una quita de un 20% de la deuda privada haría crecer un 0,8% el PIB, pero esa medida repercutiría directamente en los balances de los bancos y las grandes empresas ligadas a la especulación financiera.

De esto ha de deducirse que el descontento con la clase política sólo se mitigará si ésta comienza a tomar medidas que pongan el interés de la población y de la economía productiva por encima de los intereses de la especulación y el poder financiero. El estudio del clima social del mes de octubre muestra como  un 83% de los entrevistados estaría a favor de la puesta en marcha de medidas que reactiven la economía, un 47% de los entrevistados estaría a favor de subir los impuestos para mantener las prestaciones del Estado, mientras que un 31% preferiría evitar la subida aunque repercutiera en el conjunto de las prestaciones públicas. La diferencia porcentual entre ambas opciones de respuesta se agrandaría sensiblemente en el caso de que se preguntase explícitamente por una subida de impuestos a las rentas altas, o a las transacciones financieras, ya que previsiblemente parte del 31% de los reacios a la subida de impuestos habrán contestado pensando en que ésta les afectaría directamente.

Otro dato relevante que arroja el mismo estudio es que un 77% de los entrevistados apoya los argumentos de las convocatorias de la coordinadora del 25S. Argumentos que sin duda apuntan a la contradicción entre los intereses de los mercados financieros y los de la mayoría de la población, tal y como se puede comprobar en el manifiesto objeto de las movilizaciones:

Rodearemos el Congreso de los Diputados para rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo. Un secuestro de la soberanía popular llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con el consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos. Partidos que han traicionado sus programas electorales, a sus votantes y a la ciudadanía en general incumpliendo promesas y contribuyendo al empobrecimiento progresivo de la población.

Tanto los indicadores sobre el empleo mencionados al principio del artículo como los datos obtenidos de las encuestas de opinión sirven para explicar lo que parece inevitable a tenor de lo expuesto, el desplome de los dos principales partidos, PP y PSOE. El 83,79% de votos obtenidos por la suma de ambos en 2008 cuatro años y medio después parece una cifra de ciencia ficción. En las elecciones generales, la suma porcentual del voto de ambos partidos fue de un 69,35% (44,62% para el PP y 28,73% para el PSOE), una pérdida de 14,34 puntos porcentuales en comparación con las anteriores elecciones generales. La caída sin embargo es notablemente mayor si lo comparamos con la intención de voto publicada en el sondeo de clima social de Octubre, dónde ambas formaciones suman un 53,8% de los votos (29,9% PP, 23,9% PSOE), 30 puntos menos que en 2008 y 16 puntos menos que en las elecciones generales de hace apenas un año. El Partido Popular está pagando el precio por los duros recortes que está ejecutando, la falta de perspectivas de mejora en la economía, y por el desengaño ciudadano ante un partido que como el mismo Mariano Rajoy reconoció, presentó un programa electoral falto de realismo[8]; mientras que el PSOE sigue siendo duramente castigado por su gestión en el gobierno, a la par que su estrategia de oposición 'blanda' al ejecutivo central no da ningún fruto en términos electorales.

La clase política está pagando las consecuencias de una crisis económica que no supo prever y tampoco está sabiendo gestionar, ya que al menos en los principales partidos, se tejieron unas alianzas con los círculos del poder financiero durante los años de bonanza que son incapaces de romper, condición necesaria para aplicar las políticas que la población reclama de forma mayoritaria. La percepción de que los bancos y los partidos políticos son los culpables de la crisis queda reflejada en el nivel de confianza que tienen entre la población, sólo un 9% dice confiar en los partidos políticos mientras que sólo un 11% dice confiar en los bancos. Puede afirmarse la crisis social y económica ha derivado en una crisis institucional al comprobar que el nivel de confianza en el Parlamento y en el Senado es sólo de un 16%. Muy lejos del 93% obtenido por los médicos y el 88% de la enseñanza pública, precisamente dos sectores que están pagando la crisis a un precio muy alto[9].

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[1] http://www.lne.es/economia/2012/10/08/fmi-empeora-prevision-espana-2013/1309148.html previsiones FMI-empeora-prevision-espana

[2] http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0108.pdf

[3] http://elpais.com/diario/2008/02/15/economia/1203030002_850215.html

[4] Sondeo elaborado por Metroscopia http://www.metroscopia.org/climasocial/item/clima-social-octubre-2012?category_id=3

[5] http://www.1mayo.ccoo.es/nova/files/1018/Estudio55.pdf

[6] http://www.elblogsalmon.com/economia/la-deuda-espanola-en-cuatro-graficas

[7] http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2012/09/24/la-necesidad-de-una-segunda-transicion-y-una-nueva-constitucion/

[8] http://www.abc.es/20120902/espana/abci-entrevista-rajoy-201209011356.html

[9] http://blogs.elpais.com/metroscopia/2012/09/los-espa%C3%B1oles-y-las-instituciones-5-sanidad-docencia-y-policia.html  confianza en las instituciones

Estratos sociales e ideología

Las movilizaciones sociales que vienen sucediéndose en España desde el surgimiento del movimiento 15-M y la agudización de la crisis económica han generado nuevos discursos de retórica de izquierdas que vuelven a dibujar la sociedad  de forma dual: nosotras somos las de abajo, y venimos a luchar contra los de arriba, o nosotras somos el 99% y ellos el 1%. Estos discursos responden a un hecho político claro, los gobiernos nacional y autonómicos deciden realizar ajustes para salir de la crisis económica (aunque está por ver que sus recetas generen crecimiento económico) recortando  las prestaciones de nuestro incompleto Estado de Bienestar, disminuyendo el gasto público en general, y abaratando el precio del factor trabajo (es decir, reduciendo los derechos de los trabajadores) para  mejorar la competitividad de nuestra economía de tal forma que aumenten las exportaciones de nuestros productos de cara al exterior.

Por lo tanto, quienes defienden los mencionados discursos dualistas están armados de razones para hacerlo, pero yo quiero preguntarme, ¿Realmente estas percepciones son hegemónicas dentro de la sociedad? ¿Estos discursos son respaldados por amplios sectores sociales de la población?

Las cuestiones son difíciles de responder y requerirían de un estudio más detallado, pero analizando el cruce entre la variable de autoubicación ideológica(1)  y el tipo de empleo que tienen los entrevistados (o el último que tuvieron en caso de estar en paro) en el barómetro del CIS de Enero de 2012(2), nos encontramos con datos como los siguientes:

- Entre los técnicos profesionales científicos e intelectuales, un 32,6% se considera de izquierdas (casillas entre 1 y 4) y un 17,5% de derechas (casillas entre 7 y 10). Esto indica una mayor proporción de personas progresistas en este estrato, un estrato fundamental para dirigir los procesos de producción y administración del país. 

- Sin embargo en una categoría de estatus inferior, en los técnicos y profesionales de apoyo, las diferencias entre izquierda y derecha tienden a mitigarse, los autoubicados en la izquierda suponen un 31,1% mientras que se sitúan en la derecha suponen un 26,1%, la diferencia de 15 puntos porcentuales  del estrato anterior se reduce  a tan sólo 5 puntos . 

- Si pasamos a analizar a los estratos con ocupaciones que implican un trabajo manual se puede observar como la izquierda ha perdido terreno entre los artesanos y trabajadores cualificados de la industria, las posiciones de izquierda entre ellos representan un 31,1%, mientras que las de derecha un 26,4%. Una diferencia de un 4,7%  que parece irrisoria tratándose del estrato sobre el que tradicionalmente han descansado las bases del movimiento obrero, y por ende, de la principal fuerza motriz de la izquierda. En los operadores de maquinaria y montadores la diferencia entre los trabajadores de izquierdas (27,9%) y de derechas (17,8%) se mantiene con alto grado de significatividad,  un 10%.

- Aunque el dato que a mi juicio es más importante para entender muchos aspectos de la vida política de España es el siguiente: el 18% de los trabajadores no cualificados se consideran de izquierdas, frente al 26,4% que dicen ser de derechas, 8,4 puntos porcentuales de diferencia, sólo ocurre algo similar entre los directivos de empresas y de administraciones públicas (11,9% de izquierdas y  26,7% de derechas) aunque en este caso, la hegemonía de la derecha quedaría explicada por las posiciones estructurales de sus miembros dentro de los procesos productivos y administrativos.

Por lo tanto, dicotomizar la lucha entre la izquierda y la derecha en términos clásicos (o no tan clásicos) y dualistas tiene razón de ser interpretando indicadores macroeconómicos, y analizando las políticas neoliberales que se vienen practicando durante las últimas décadas, tal y como hago en mi primer artículo del blog, sin embargo, la interpretación de la situación que hacen los distintos actores sociales es distinta, y es sabido que las visiones subjetivas de los mismos tienen repercusiones fundamentales en el desarrollo social ulterior.

Las políticas sociales que han practicado las izquierdas durante el siglo XX han provocado una serie de mejoras irrebatibles que han repercutido especialmente en las capas desfavorecidas de la sociedad (aumento de la esperanza de vida, del nivel educativo y cultural, del poder adquisitivo, etc) Sin embargo, actualmente gran parte de estas capas, en algunos casos la mayoría de las mismas, reniega de los actores institucionales (partidos políticos de izquierda y sindicatos) que  han hecho posibles dichas mejoras. 

Atrás quedaron los tiempos en los que la izquierda aglutinaba a grandes masas de trabajadores manuales, principalmente de la industria o de sectores del transporte y las comunicaciones, actualmente las posiciones de izquierda son defendidas principalmente por profesionales con alto nivel intelectual que suelen tener una edad avanzada y constituyen el grueso de la administración de partidos políticos progresistas y sindicatos. O bien por jóvenes que aspiran a alcanzar las posiciones de clase media-alta correspondientes a su grado de cualificación, pero se encuentran con unos índices de paro y precariedad inauditos en la mayoría de países de la UE-15, y ante la incapacidad de las organizaciones de izquierda tradicionales para dar respuesta a sus problemas se organizan en movimientos emergentes como Democracia Real Ya o el 15-M(3).

Aunque no se debe desdeñar el peso que todavía continúan teniendo muchos sectores de las capas trabajadoras manuales dentro de la izquierda, a pesar del descenso del mismo, los trabajadores de izquierdas siguen siendo mayoritarios en muchos sectores, si bien los obreros con mayor grado de participación en los movimientos sociales y políticos (partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecinos) cuentan con una edad avanzada y no hay un reemplazo generacional suficiente para suplirles.

Ante esta debilidad estructural de las viejas organizaciones obreras, las capas más desfavorecidas por el modelo de desarrollo neoliberal viran paradójicamente hacia posiciones ultraconservadoras(4) buscando mantener el nivel de vida relativamente alto que han alcanzado en las épocas de crecimiento de la economía española. La tradicional creencia en que la derecha es más eficaz a la hora de gestionar los problemas económicos (según el barómetro del CIS de Octubre de 2011,un 40,2% de los entrevistados prefería al PP para gestionar la economía frente a un 21,1% que prefería al PSOE) y la mayor beligerancia del PP con la inmigración [ya que no hay que olvidar que los sentimientos antiinmigratorios son más frecuentes entre las capas más desfavorecidas(5)] son factores que explican el viraje a la derecha de dichas capas, un fenómeno que también se ha dado en la mayoría de países europeos, aunque en ellos  ha propiciado un gran aumento de los partidos de extrema derecha populistas, algo que no ha ocurrido en España.

Por lo tanto, las divisiones entre los de arriba y las de abajo o similares, pueden ser acertadas para movilizar a importantes segmentos de la población, pero no pueden ser utilizadas como términos analíticos si nos referimos a las posiciones ideológicas de la sociedad. Actualmente gran parte de la base social de la izquierda tiene (o tenía antes de la crisis) unos ingresos medio-altos y unas formas de vida acomodadas, mientras que la base social de la derecha se alimenta de un sector importante de personas que no alcanzan los ingresos mínimos para poder subsistir, como parados o jubilados con pensiones irrisorias. Más allá de los juicios de valor que se puedan emitir acerca de tales posturas, la realidad es esa, y por equivocados que puedan parecer ciertos posicionamientos, obedecen a causas fundamentadas en cierto grado.

La realidad en ocasiones es más compleja que los relatos ideológicos que han construido las narrativas identitarias de la izquierda durante el siglo pasado, es algo que debe ser asumido, y es imprescindible tenerlo presente a la hora de elaborar programáticamente alternativas basadas en principios tales como la justicia social, la solidaridad o el respeto a los derechos individuales y colectivos.

Notas:

(1)     Medida con una escala en la que 1 es extrema izquierda y 10 extrema derecha, siendo 5 y 6 el centro.

(2) Resultados obtenidos de los cruces según la variable de ideología política. http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2920_2939/2927/Cru292700IDEOL.html

(3)     Con esta afirmación no quiero decir que la inmensa mayoría de los participantes en estos movimientos y plataformas sean de este perfil, pero si lo son la mayoría de sus representantes y portavoces, jóvenes con estudios universitarios y poca estabilidad laboral en su inmensa mayoría.

(4)    En este caso estamos ante un proceso dialéctico, ya que las capas populares abandonan su afinidad como consecuencia de su debilidad, y su vez dicho abandono agudiza su debilidad.

(5)     Véase CIS Estudio 2846. Actitudes hacia la inmigración

La ortodoxia neoliberal y los recortes del Partido Popular

I. La ortodoxia neoliberal

Las ideologías y las teorías sociales son de gran utilidad, ya que nos ayudan a comprender la realidad en la que vivimos y a transformarla en un intento de subsanar sus problemas. Sin embargo, ninguna de ellas refleja la realidad de forma exacta, ya que inevitablemente necesitan simplificar en cierto modo su objeto de análisis para lograr operacionalizarlo. Por lo tanto, no pueden tomarse como una verdad absoluta e irrefutable, como algo monolítico y ajeno a las constantes modificaciones técnicas y sociales fruto del transcurrir de los acontecimientos. Cuando las élites responsables del gobierno y la economía de un país se aferran a sus convicciones ideológicas por encima de la realidad de los hechos, las consecuencias para su población suelen ser desastrosas. Esto ocurre en la actualidad, las principales instituciones políticas y financieras globales están controladas por tecnócratas garantes de la ortodoxia neoliberal, que hunde sus raíces en la denominada ‘revolución conservadora’. Estas élites son ajenas al control democrático de la población afectada por sus decisiones.

La caída de las economías estatales planificadas del bloque comunista otorgó la hegemonía intelectual al pensamiento neoliberal, que ya se encontraba en auge desde la década de los años setenta del siglo pasado, tras la llamada ‘revolución conservadora’, propiciada por la llegada al poder del gobierno Ronald Reagan en EEUU, y el Margaret Thatcher en el Reino Unido. Sus principales medidas fueron hundir los salarios, disminuyendo su peso en el conjunto de la renta nacional de sus respectivos países en beneficio de las rentas del capital, disminuir los impuestos a los ricos para incentivar la inversión, y privatizar las principales empresas del sector público estatal. Estas decisiones políticas se sustentaban en la teoría de que el excesivo peso de los salarios en el conjunto de la renta nacional y la rigidez del sector público, coartaban a los grandes empresarios a la hora de realizar inversiones, debido a los altos costes laborales y los elevados impuestos que debían pagar al Estado. Según su teoría, el gran peso del sector público lastraba la economía, ya que la gestión de los recursos bajo su control era ineficiente (premisa que confunde los problemas organizativos propios de toda organización burocrática con el hecho de que la ineficiencia sea esencial a toda gestión pública, algo que no se corresponde con la realidad).

Estos postulados dogmáticos eran presentados como puramente científicos y neutrales, su aplicación era defendida argumentando que producirían un crecimiento económico que de forma inmediata beneficiaría a las grandes rentas, pero que a largo plazo, el aumento de las mismas tendría efectos beneficiosos para el conjunto de la población, ya que la inversión generalizaría la creación de empleo. Lo cierto es que tras esa aparente racionalidad de las medidas se ocultaban los intereses de las clases dominantes, que distaban mucho de buscar el bien común, ya que el crecimiento económico que produjeron en su momento tuvo efectos negativos para las clases medias y populares.

En primer lugar, la privatización de empresas públicas supuso la pérdida de millones de puestos de trabajos estables y de calidad, que además de sus efectos sociales positivos, ayudaban a aumentar la demanda mediante las rentas que originaban. Por otra parte precarizó los servicios públicos que constituían la base del Estado de Bienestar, la sanidad y la educación públicas. Estos servicios, junto con las prestaciones sociales (paro, pensiones de jubilación y de otros tipos), suponen una mayor igualdad de oportunidades entre las distintas clases sociales, algo especialmente beneficioso para las personas procedentes de las capas más modestas, ya que ayudan a su desarrollo humano y profesional, lo cual también tiene efectos positivos sobre la economía a medio y largo plazo, debido a que que el dinero utilizado para estos fines supone una inversión, no un gasto.

En segundo lugar, la disminución de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional supuso una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que fue acompañada por una mayor inestabilidad laboral. Las modalidades de contratación fueron flexibilizadas aumentando la temporalidad y los salarios bajos, y reduciendo las prestaciones sociales como la indemnización por despido o las propias prestaciones y subsidios por desempleo. Es cierto que determinados cambios en el sistema productivo debidos a la emergencia de nuevos sectores, principalmente pertenecientes al sector servicios, exigen una mayor movilidad y predisposición al cambio por parte de los trabajadores, pero ello no tiene que ir acompañado necesariamente por una degradación sistemática de sus derechos.

En tercer lugar, el previsible el aumento de la inversión privada fruto de la bajada de impuestos no se produjo mayoritariamente en la economía productiva, es decir, en la economía de bienes tangibles, en la que genera riqueza material y puestos de trabajo. La inversión fruto del beneficio de una parte del capital de las empresas de bienes y servicios, y del ahorro de las personas (mediante la mediación de los bancos) es invertida en comprar activos financieros que los inversores institucionales compran y venden para generar plusvalías en beneficio de sus clientes(1), creándose de esta forma una riqueza ficticia que no tiene sustento en una base material, y cuyo descontrol es causante de la crisis económica mundial.

Estos hechos socavaron los pilares del Estado de Bienestar, rompiendo de esta forma el pacto social entre las rentas del capital y las rentas del trabajo surgido en Europa Occidental tras la II Guerra Mundial, por el cual, las rentas del trabajo renunciaban a una revolución de carácter marxista, que diera el control de los medios de producción a las mismas, a cambio de un modelo de economía mixta, en el que se reconocía la iniciativa privada como parte esencial de la economía, pero el Estado participaba también de la misma mediante su control de los servicios públicos, de los recursos estratégicos (transporte, energía, comunicaciones) y la redistribución de la riqueza a través de unos sistemas fiscales progresivos, en los que las rentas más altas contribuían en mayor proporción a las arcas públicas.

             II. Los recortes sociales del Partido Popular

En España, al igual que en el resto de Europa, el gobierno intenta sacar al país de la crisis con las mismas recetas neoliberales que la han provocado, algo evidentemente contradictorio. Para ello va a efectuar un recorte de 36.000 millones de euros con el objetivo de reducir el déficit del Estado. El argumento estrella de los neoliberales para justificar el segundo gran recorte desde que empezó la crisis (allanado por el realizado durante el gobierno de José Luis Zapatero en 2010, cuyas principales medidas fueron el recorte de sueldo a los funcionarios, el retraso de la edad de jubilación y la subida del IVA) es simple, las cuentas del Estado son insostenibles porque al igual que cualquier agente económico, no puede gastar más de lo que ingresa de forma indefinida. Esta afirmación, si bien cierta, pasa por alto cuestiones importantes por las cuales los ingresos estatales han disminuido en los últimos años.

La primera de ellas es la reducción de impuestos a las clases altas, mediante medidas como la eliminación del impuesto de patrimonio, la reforma del impuesto de sucesiones o las rebajas fiscales a las personas que ingresan más de 120.000 euros al año. Solo con que el Estado recuperase los tipos impositivos vigentes en la época anterior al primer gobierno estatal del Partido Popular (anteriores a 1996) podrían evitarse gran parte de los recortes sociales que estamos viviendo, y el aumento de impuestos directos que castigan más a las capas más desfavorecidas, ya que al extraerse del consumo bienes y servicios, gravan con el mismo porcentaje tanto a las rentas más altas como a las más bajas.

En los discursos conservadores y de la mayoría de los medios de comunicación no aparece el elevado fraude fiscal existente en España. Un fraude superior al de la media de países de la Unión Europea, según explica el profesor Vicenç Navarro, el 71% del fraude fiscal en España las grandes fortunas, y las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, este fraude se calcula en 44.000 millones de euros(2). Con un reforzamiento de las inspecciones de hacienda y un cambio en su política de actuación, que actualmente dedica más esfuerzos a combatir el fraude a pequeña escala, no sería necesario el recorte que anunció el flamante gobierno conservador hace unos días.

Un recorte que castiga mayormente a las rentas del trabajo, las que menos han participado de los años de bonanza económica vividos en España en el periodo 1995-2008. Al igual que en el resto de países de la OCDE, los trabajadores han ido perdiendo peso en la economía, desde 1994 a 2006, el poder adquisitivo de los salarios cayó un 5,94%, mientras que su peso dentro del conjunto de la renta nacional un 7,98% (porcentaje que ganaron las rentas del capital) (3) . Sin embargo, la reciente subida de impuestos del gobierno de Rajoy carga mayormente su peso sobre los trabajadores, las rentas del trabajo, vía subida del IRPF aportarán 4.100 millones de euros más que hasta ahora, mientras que las rentas del capital sólo se verán gravadas con 1.200 millones de euros más. Además se congela el salario mínimo interprofesional, manteniéndolo en 641 euros, muy por debajo de la media europea, esta medida supondrá una presión a la baja para el precio del trabajo. Medidas como esta hacen palpable la estrecha conexión entre las grandes fortunas y empresas del país y el establishment político dominante. El mejor reflejo de esta alianza es el nombramiento del nuevo Ministro de Economía, Luis Guindos, ex responsable de Lehman Brothers (banco cuya quiebra supuso el comienzo de la crisis) en España y Portugal.

Otra de las medidas más importantes de este paquete de recortes es el aumento de la jornada laboral base a los funcionarios, pasando de 35 a 37,5 horas semanales, mientas que su sueldo se congela, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. Además, se congela la reposición de los trabajadores público, de tal forma que los que se jubilen no serán reemplazados, solo se autoriza un 10% para policías, ejército, sanidad y educación. Para defender esta medida, se esgrime que el sector público en España tiene un peso excesivo, y por lo tanto, debemos ajustarlo a la medida de nuestras posibilidades. Pero la realidad es que en España, el porcentaje de trabajadores públicos es menor que en otros países europeos, esto se deriva del escaso desarrollo de su Estado de Bienestar. En otros países el porcentaje de trabajadores dedicados a servicios sociales, sanidad, educación y dependencia es más alto, especialmente en los países nórdicos, lo que además de unos servicios públicos de calidad permite una mayor incorporación de la mujer al trabajo, ya que estos sectores son de una composición por género mayoritariamente femenina. Por lo tanto, para converger con el nivel de vida de la UE-15, es necesaria una mayor inversión pública en los sectores mencionados. Las nuevas medidas del Partido Popular también incluyen la paralización de las ayudas a las personas con una dependencia moderada, esto supone un duro revés al sector que es considerado como cuarto pilar del Estado de Bienestar, y que precisamente en España se encuentra en fase embrionaria, ya que comenzó a rodar tras la aprobación por parte del PSOE y del resto de fuerzas parlamentarias a su izquierda de la Ley de Dependencia, en el año 2006.

Aparte de los grandes recortes en el sector público, el otro gran punto en la recién descubierta agenda política del Partido Popular (en campaña electoral apenas se supo nada de ella) es la reforma laboral. Una reforma que previsiblemente se basará en los siguientes ejes: moderación de los salarios, flexibilización de las modalidades de contratación y disminución de las indemnizaciones por despidos. Con ello se pretende reducir los costes laborales para hacer a las empresas españolas más competitivas, ya que según los argumentos neoliberales, el elevado peso de los salarios y las cotizaciones sociales impide a las empresas competir en los mercados. Con este argumento, otra vez más, el pensamiento conservador dominante se olvida interesadamente de aspectos importantes de la cuestión. La competitividad de una empresa no solamente depende de los costes laborales, hay otros factores que influyen tanto o más, especialmente los cualitativos, la calidad, la originalidad o la carga tecnológica transmitida a los artículos producidos, es ahí donde los grandes empresarios españoles hacen la vista gorda. Tradicionalmente el empresariado español apostó por un modelo productivo basado en la imitación, no se dedicó a vender ideas, sino manos, no se dedicó a investigar patentes y nuevas tecnologías, sino a importarlas, ello suponía beneficios más fáciles y a corto plazo, ya que la inversión productiva es más costosa, y su semilla tarda más en germinar y dar frutos. Es por ello que el sistema económico alemán es más productivo que el español con unos salarios más altos. Estos salarios se corresponden con puestos industriales y de servicios de alta cualificación, que exigen una mano de obra especializada, en este modelo los trabajadores no son un simple coste laboral, sino un capital humano indispensable para el desarrollo de la empresa, lo que a su vez permite unas relaciones laborales menos jerarquizadas y más democratizadas.

Por último, no hay que pasar por alto la hipótesis según la cual, los recortes sociales y el equilibrio presupuestario devolverán la confianza a los mercados, para que estos abran el grifo del crédito y se vuelva a relanzar la economía. Sin embargo, la confianza sigue sin aparecer(4), Zapatero defendió su ola de recortes en Junio de 2010 diciendo que tranquilizaría a los mercados y permitiría reducir la presión sobre la deuda soberana, sin embargo, algo más de un año después, en Julio de 2011, la prima de riego de la deuda había subido desde niveles inferiores a los 300 puntos con respecto el bono alemán, hasta casi llegar a los 500. ¿Es esa la confianza que otorgan los recortes? Los mercados parecen insaciables, y cuando en un estado se producen ajustes, aseguran que no son suficientes, que hacen falta más.

Por lo tanto, ¿no será este un camino incorrecto para salir de la crisis?

Álvaro Alonso.

Referencias:

1 Armando Steinko: Izquierda y Republicanismo,  el salto a la refundación. ED. Akal Pensamiento Crítico (2011)

2 Vicenç Navarro: Fraude fiscal y gasto público. El Periódico (28-8-2008)

3  Vicenç Navarro, Juan Torres, Alberto Garzón: Hay alternativas (2011)

4 Paul Krugman: Cuando la austeridad falla. El País (24-5-2011)