miércoles, 17 de octubre de 2012

Crisis económica, malestar social, erosión política


Crisis económica, malestar social, erosión política


No hace falta ser un científico social para afirmar que España atraviesa uno de los momentos más complicados de las últimas décadas;  cinco años después del inicio de la crisis económica no sólo no se atisba una salida a la misma, sino que las perspectivas apuntan a que lo peor no ha pasado y la recesión se mantendrá al menos hasta 2013[1]. La situación económica deja un panorama social alarmante, que se traduce en datos como la elevada tasa de desempleo, del 25,1% para la población general y del 53,28% en el caso de la población juvenil. De las más de cinco millones de personas en el paro un 52,2% son parados de larga duración, es decir personas que en su mayoría han agotado su prestación o subsidio de desempleo y se encuentran en una situación alarmante. En muchos casos, las personas en paro cuentan con una red de protección fundamentalmente familiar que les sirve de apoyo para hacer frente a la carencia de ingresos, sin embargo, según los datos de la encuesta de la EPA del segundo trimestre de 2012, el número hogares en los que ninguno de sus miembros obtiene ingresos asciende a 1.737.600, por lo que cada vez son más las personas sin esta red de ayuda.

Estos y otros preocupantes datos se traducen en historias personales de frustración y grandes dificultades económicas, se podrían hacer perfiles típicos que se repiten a lo largo de la geografía española; el obrero de la construcción que quedó en paro y por su edad y obsoleta cualificación ha quedado fuera del mercado laboral, el autónomo que perdió su negocio, la ama de casa que busca empleo porque su marido ha perdido el suyo, la joven licenciada que cada vez ve la inmigración como la única salida para tener un futuro digno, el pensionista que a su escasa retribución ha de restarle el pago de las medicinas del conocido como 'medicamentazo' y las ayudas a sus hijos en paro, los padres jóvenes que no tienen dinero suficiente para comprar el material escolar a sus hijos; podríamos agrandar bastante la lista enumerando situaciones de personas afectadas por la crisis y el descenso del empleo. La crisis económica ha deteriorado la salud de la sociedad española de forma vertiginosa y junto con millones de empleos también se ha llevado consigo el crédito (no excesivamente elevado) con el que contaban la clase política y las instituciones democráticas.

Hace tan sólo cuatro años el panorama social y político era bien distinto, la tasa de paro en el primer trimestre de 2008 fue de un 9,68%[2] (15,42 puntos menos que en la actualidad), mientras que la economía había crecido un 3,8% en 2007[3]. En el terreno político los resultados de las elecciones generales del 9 Marzo de 2008 bien podrían haberse interpretando como un 'fin de la historia' a la española, utilizando el desafortunado término de Fukuyama; las tendencias electorales apuntaban a una progresiva bipartidización de la vida política, ya que el porcentaje de votos obtenido por PP y PSOE en elecciones iba en constante aumento (78,68% en el año 2000, 80,30% en 2004 y un 83,79% en 2008), montado al galope en el  ciclo económico expansivo 1995-2008, en el cual la economía española creció de media un 3% anual. Proyectar ambas tendencias en el futuro conducía a la errónea hipótesis de que la España de la década 2010-2020 sería un país próspero, con un constante aumento de su riqueza y su bienestar social, y un sistema político centrista, con dos grandes partidos turnándose en el poder sin grandes diferencias de fondo; pero los pies de barro de nuestro sistema productivo no pudieron soportar el peso de la crisis mundial agudizada tras la quiebra de Lemman Brothers aquel luctuoso 15 de Septiembre de 2008. En unos años pasamos de jugar en la 'champions league' de la economía a pelear por evitar el descenso en la liga de los PIGS.

La percepción de que la clase política es incapaz de revertir el rumbo de la sociedad económica y los principales problemas del país (el paro, para un 79,3% y los problemas de índole económica para un 49,4% de los entrevistados por el CIS en el barómetro de Septiembre de 2012) han dado lugar a que la propia clase política aparezca entre los principales problemas del país, justo por detrás de los citados, con un 26,9%. En situaciones difíciles se espera que los dirigentes de los principales partidos políticos den respuestas efectivas a los problemas que acucian a la población, sin embargo la percepción ciudadana es que los pasos que se están dando caminan en el sentido contrario. Según el barómetro de clima social del mes de Octubre, publicado en el diario El País[4] un 68% de los entrevistados opinan que los recortes realizados por el gobierno central no están dando resultados ni parece que vayan a darlos en un corto plazo, frente a un 29% que confía en ellos. El malestar general por la forma en que desde las instituciones políticas se afronta la crisis es todavía más patente si tenemos en cuenta que un 91% de la población opina que la crisis la están pagando todos menos los más ricos y los bancos.

El descontento de la población se puede objetivar si se tiene en cuenta que el poder de las oligarquías financieras y económicas ha aumentado en los últimos años, y los políticos subordinados a sus intereses son incapaces de hacer que paguen las consecuencias del desplomamiento del sistema que ellas mismas contribuyeron a crear y de las cuales fueron sus máximas beneficiarias. El sector financiero fue generando una burbuja de riqueza ficticia generada a base de inversiones de alto riesgo y la búsqueda de riqueza a corto plazo, para ello se relegó el tradicional papel de la banca comercial, destinada a satisfacer las necesidades de la economía real, en favor de una arriesgada contabilidad financiera que se alejó paulatinamente de las necesidades del sistema productivo. El grifo de crédito fácil abierto por la banca generó un modelo de crecimiento basado en la acumulación de deuda, una deuda (fundamentalmente privada) que una vez ralentizada la economía resulta imposible de mantener. (Para más información consultar el estudio realizado por la fundación 1º de Mayo sobre la crisis global[5]).

Desde el establishment liberal se lanza el mensaje de que la deuda pública es la causante de la crisis económica, si bien en 2011 esta suponía un 68,5% del PIB, un porcentaje elevado pero lejos del más 200% de la deuda privada[6] (cifras que serían más dispares si tenemos en cuenta la trasferencia de deuda procedente del sector privado al sector público efectuada por medio rescates a la banca por parte del Estado). Los recortes se están efectuando para hacer a la deuda privada sostenible a costa de la reducción de un Estado de Bienestar que ya de por sí era escaso en comparación con el de otros países europeos (mientras que el PIB español llego a suponer un 94% del PIB de la media UE-15, el gasto social solo representaba un 72%[7]). Las recetas de austeridad en el gasto público, aparte de su dudosa eficacia (ya que parten de hipótesis macroeconómicas erróneas) no se combinan con otras posibles medidas que tienen escaso eco en los medios de comunicación; el citado estudio de la Fundación 1º de Mayo señala que una quita de un 20% de la deuda privada haría crecer un 0,8% el PIB, pero esa medida repercutiría directamente en los balances de los bancos y las grandes empresas ligadas a la especulación financiera.

De esto ha de deducirse que el descontento con la clase política sólo se mitigará si ésta comienza a tomar medidas que pongan el interés de la población y de la economía productiva por encima de los intereses de la especulación y el poder financiero. El estudio del clima social del mes de octubre muestra como  un 83% de los entrevistados estaría a favor de la puesta en marcha de medidas que reactiven la economía, un 47% de los entrevistados estaría a favor de subir los impuestos para mantener las prestaciones del Estado, mientras que un 31% preferiría evitar la subida aunque repercutiera en el conjunto de las prestaciones públicas. La diferencia porcentual entre ambas opciones de respuesta se agrandaría sensiblemente en el caso de que se preguntase explícitamente por una subida de impuestos a las rentas altas, o a las transacciones financieras, ya que previsiblemente parte del 31% de los reacios a la subida de impuestos habrán contestado pensando en que ésta les afectaría directamente.

Otro dato relevante que arroja el mismo estudio es que un 77% de los entrevistados apoya los argumentos de las convocatorias de la coordinadora del 25S. Argumentos que sin duda apuntan a la contradicción entre los intereses de los mercados financieros y los de la mayoría de la población, tal y como se puede comprobar en el manifiesto objeto de las movilizaciones:

Rodearemos el Congreso de los Diputados para rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo. Un secuestro de la soberanía popular llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con el consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos. Partidos que han traicionado sus programas electorales, a sus votantes y a la ciudadanía en general incumpliendo promesas y contribuyendo al empobrecimiento progresivo de la población.

Tanto los indicadores sobre el empleo mencionados al principio del artículo como los datos obtenidos de las encuestas de opinión sirven para explicar lo que parece inevitable a tenor de lo expuesto, el desplome de los dos principales partidos, PP y PSOE. El 83,79% de votos obtenidos por la suma de ambos en 2008 cuatro años y medio después parece una cifra de ciencia ficción. En las elecciones generales, la suma porcentual del voto de ambos partidos fue de un 69,35% (44,62% para el PP y 28,73% para el PSOE), una pérdida de 14,34 puntos porcentuales en comparación con las anteriores elecciones generales. La caída sin embargo es notablemente mayor si lo comparamos con la intención de voto publicada en el sondeo de clima social de Octubre, dónde ambas formaciones suman un 53,8% de los votos (29,9% PP, 23,9% PSOE), 30 puntos menos que en 2008 y 16 puntos menos que en las elecciones generales de hace apenas un año. El Partido Popular está pagando el precio por los duros recortes que está ejecutando, la falta de perspectivas de mejora en la economía, y por el desengaño ciudadano ante un partido que como el mismo Mariano Rajoy reconoció, presentó un programa electoral falto de realismo[8]; mientras que el PSOE sigue siendo duramente castigado por su gestión en el gobierno, a la par que su estrategia de oposición 'blanda' al ejecutivo central no da ningún fruto en términos electorales.

La clase política está pagando las consecuencias de una crisis económica que no supo prever y tampoco está sabiendo gestionar, ya que al menos en los principales partidos, se tejieron unas alianzas con los círculos del poder financiero durante los años de bonanza que son incapaces de romper, condición necesaria para aplicar las políticas que la población reclama de forma mayoritaria. La percepción de que los bancos y los partidos políticos son los culpables de la crisis queda reflejada en el nivel de confianza que tienen entre la población, sólo un 9% dice confiar en los partidos políticos mientras que sólo un 11% dice confiar en los bancos. Puede afirmarse la crisis social y económica ha derivado en una crisis institucional al comprobar que el nivel de confianza en el Parlamento y en el Senado es sólo de un 16%. Muy lejos del 93% obtenido por los médicos y el 88% de la enseñanza pública, precisamente dos sectores que están pagando la crisis a un precio muy alto[9].